Por eso, la conmemoración de la revuelta de Stonewall nos sirve para celebrar la diversidad sexual, de género y familiar y también nos sirve para recordar que debemos vivir en una revuelta permanente contra la discriminación y la injusticia, contra la intolerancia y contra los privilegios de quienes quieren construir un mundo que excluye a quienes no encajen en su visión del mismo.
El Gobierno sigue comprometido con el desarrollo de estas políticas públicas que nos hacen una sociedad mejor, más justa y equitativa. En esta legislatura se ha aprobado la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria, o la Orden SND/1215/2021, de 5 de noviembre, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, que iguala a todas las mujeres y personas trans con capacidad de gestar en el acceso a las técnicas de reproducción asistida.
Todos ellos instrumentos normativos que protegen los derechos de las personas LGTBI, y a los que cabe añadir el ambicioso II Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio 2022-2024. Además, ahora España cuenta con dos nuevas normas que establecen un sólido marco de igualdad y de mandatos, tanto a las administraciones públicas como a la sociedad civil para acabar con cualquier tipo de discriminación, sea esta legal o de hecho.
Por un lado, la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que establece un mínimo común normativo que contiene las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y, al mismo tiempo, alberga sus garantías básicas.
Por otro, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que ha marcado un nuevo hito para desarrollar y garantizar sus derechos, erradicando las situaciones de discriminación, para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad.
Por último, cabe recordar que la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género es una de las prioridades de la política exterior española en materia de derechos humanos.
En los últimos años, España ha impulsado numerosas acciones en defensa de los derechos de las personas LGTBI en diferentes foros multilaterales, como, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, la III Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el LGBT Core Group de Naciones Unidas, la Coalición por la Igualdad de Derechos, el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre Igualdad, No Discriminación y Diversidad, o la Red Europea de Puntos Focales LGTBI en el marco del Consejo de Europa.
Además, la cuestión de los derechos humanos de las personas LGTBI se suscita habitualmente en los diálogos bilaterales con terceros países. Porque no es posible cejar en el empeño hasta que todas las personas LGTBI de cualquier país del mundo puedan gozar de plenos niveles de libertad y de igualdad.
