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En un fallo sin precedentes, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha reconocido el derecho a la pensión de viudedad a una mujer víctima de violencia de género, a pesar de no haber presentado una denuncia formal contra su agresor. Esta decisión sienta un importante precedente para aquellas víctimas que, por miedo, presión social o falta de pruebas suficientes, no pudieron acudir a la justicia en vida de su pareja.
La sentencia establece que, además de la denuncia, existen otros medios de prueba válidos para acreditar la violencia sufrida, como informes de los servicios sociales, testimonios o documentos médicos. Este cambio de criterio representa un gran avance en la protección de los derechos económicos de las mujeres que han padecido malos tratos dentro de una relación de pareja.
Hasta ahora, la normativa exigía que las víctimas de violencia de género acreditaran su condición mediante una denuncia o una sentencia condenatoria en firme. Sin embargo, esta nueva sentencia reconoce que muchas mujeres no denuncian por miedo a represalias, falta de apoyo o desconfianza en el sistema judicial.
La clave de este fallo reside en la aceptación de pruebas alternativas para demostrar la situación de maltrato, como informes de trabajadores sociales, asistencia en centros de acogida o incluso testimonios de familiares y amigos. Esto supone una flexibilización del criterio legal, eliminando una barrera que dejaba sin protección a muchas mujeres.
Uno de los puntos fundamentales de este caso es la consideración de informes de los servicios sociales como prueba suficiente para acreditar la violencia sufrida. Estos documentos, elaborados por profesionales especializados, detallan la situación de vulnerabilidad de las víctimas y pueden ser determinantes en la concesión de derechos como la pensión de viudedad.
Además, otras pruebas documentales, como historiales médicos, partes de lesiones o asistencia psicológica, pueden ser claves para demostrar la existencia de violencia de género sin necesidad de una denuncia penal. Con este enfoque, se reconoce la realidad de muchas mujeres que han sufrido años de maltrato sin poder recurrir a la vía judicial.
Este fallo sienta un precedente que podría aplicarse a otros casos similares en toda España. Las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y no han denunciado por miedo o presión ahora tienen una vía legal para acceder a la pensión de viudedad.
La sentencia también pone de relieve la necesidad de seguir avanzando en la protección de las víctimas, eliminando trabas burocráticas y judiciales que dificultan su acceso a derechos fundamentales. Se espera que este criterio sea incorporado en futuras modificaciones legislativas para ofrecer una mayor seguridad jurídica.
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La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia representa un avance crucial en la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género. Rompe con la idea de que la denuncia es la única vía para acreditar el maltrato y permite que más mujeres puedan acceder a la protección económica que les corresponde.
Este fallo también subraya la importancia de reforzar las políticas de apoyo a las víctimas, asegurando que ninguna mujer quede desprotegida por no haber denunciado en su momento. Es fundamental que los poderes públicos y los profesionales del Derecho sigan impulsando cambios normativos que garanticen una mayor justicia social.
Protege tus derechos con MAR ABOGADOS.
Si has sido víctima de violencia de género o conoces a alguien en esta situación, es fundamental contar con asesoramiento legal especializado. En MAR ABOGADOS estamos comprometidos con la defensa de los derechos de las mujeres, ofreciendo un servicio cercano y profesional. Contacta con nosotros para recibir orientación sobre tu caso y garantizar que se respeten tus derechos.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia representa un avance crucial en la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género. Rompe con la idea de que la denuncia es la única vía para acreditar el maltrato y permite que más mujeres puedan acceder a la protección económica que les corresponde.
Este fallo también subraya la importancia de reforzar las políticas de apoyo a las víctimas, asegurando que ninguna mujer quede desprotegida por no haber denunciado en su momento. Es fundamental que los poderes públicos y los profesionales del Derecho sigan impulsando cambios normativos que garanticen una mayor justicia social.
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